Es un tanto díficil mantener la ecuanimidad frente al descaro de los que han robado tan descaradamente al pueblo panameño. Que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de un país, se declare culpable de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentación, y que al mismo tiempo se anuncie un acuerdo de como se debe manejar la sentencia, deja un sabor de impunidad en el aliento público de la sociedad.
No es que necesitamos que la sangre llegue al río, pero era nuestro derecho ver litigar a un fiscal con dudosa reputación ética frente a las juezas de garantía, que son tres mujeres diputadas que por primera vez asumen el cargo de diputadas en el país.
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